El pasado 27 de diciembre, el Banco Central de Uruguay (BCU) anunció en Twitter su intención de regular los activos digitales en el país. El tuit incluye un enlace al borrador presentado por la entidad central.
El documento pretende definir un “marco conceptual para el tratamiento regulatorio de los activos digitales en territorio uruguayo”. La propuesta regulatoria del BCU forma parte de su “programa de innovación financiera: NOVABCU”.
La entidad central uruguaya pretende regular profundamente el ecosistema cripto en el país. Para ello, se formará un equipo de trabajo específico que reunirá preferiblemente a todos los interesados en la implementación de normas en este sector.
Se trata de una buena noticia, ya que el BCU no parece ir por libre. De hecho, quiere contar con la opinión de los particulares y empresas a partir de cuestiones concretas. La entidad central uruguaya busca la “retroalimentación por escrito sobre diversas preguntas”.
Por supuesto, el BCU asegura que “la información se tratará confidencialmente”. En el caso de publicarse algún comunicado, “dichas publicaciones se harán de forma agregada, sin individualizar a las partes”.
Para el BCU, la regulación del ecosistema cripto en el país es urgente. A principios de octubre, alertaba en Twitter sobre los peligros asociados a los activos digitales. La entidad hablaba de fraudes, financiación del terrorismo y desprotección de los inversores.
En este sentido, el borrador publicado por el BCU toca temas relacionados, como el riesgo que corren los usuarios de criptomonedas. Para reducir el daño que pueden sufrir las finanzas de los particulares, el documento plantea ciertas restricciones.
No queda claro hasta dónde pretenden limitar el alcance regulatorio, pero el BCU ya está trabajando con reguladores de otros países y algunos agentes importantes del sector de los activos digitales.
De este trabajo conjunto, parece que el BCU ha obtenido algunas definiciones precisas. Por ejemplo, la entidad no entiende las criptomonedas como activos digitales sin más. Las definen como “tokens diseñados para cumplir con las funciones del dinero y usarse como medio de pago”.
Está claro que el BCU va ha diferenciar todo lo que pueda entre divisas y valores digitales. Este es un problema que ya hemos visto en Estados Unidos con el token de Ripple y las definiciones ambiguas de la SEC. ¿Lo tendrán más claro en Uruguay?