Gabriel Silva cree en el potencial económico de los activos digitales. El parlamentario panameño ha ido ganando terreno en el escenario político, abogando por una ley que regule el criptomercado en Panamá.
Hace un par de días, consiguió dar otro paso más en esa dirección. Tras meses de debate, el borrador de la Ley Cripto ha pasado la primera prueba de fuego. El texto “sufrió algunos cambios”, tal y como indica Silva en su cuenta de Twitter, pero cuenta con el visto bueno de una parte significativa del congreso.
Silva y otros defensores del criptoespacio tienen como referente la experiencia histórica vivida en El Salvador. Desde la aprobación de la Ley Bitcoin, Bukele ha llevado la economía cripto en el país a otro nivel.
Los políticos panameños esperan que la Ley Cripto permita lo mismo en Panamá. Primero, el borrador tendrá que pasar por diversas transformaciones. Luego, tendrán que debatirse los cambios y, llegado el momento, aprobar o rechazar el texto.
Silva es optimista. Cree que la Ley Cripto aporta transparencia en múltiples casos de uso de criptoactivos en el país. Entre otras cosas, dar la bienvenida a la economía 3.0 permitiría a las autoridades recaudar impuestos a través de activos digitales.
Por supuesto, el borrador también contempla el marco legal que condicionaría o fomentaría el uso, intercambio y compraventa de criptos. Para Silva, la aprobación de la nueva ley sería algo positivo porque “crearía empleo y promovería la inclusión financiera”.
El borrador panameño sobre las criptomonedas contempla los criptoactivos como medios de pago. Hace referencia explícita al uso libre y pactado de Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin y Stellar, entre otras criptos.
En cuanto a la inclusión en el sistema público de los activos digitales, el texto respaldado por Silva no se limita a proponer su uso para pagar impuestos y tasas. El objetivo es renovar al máximo la Administración gracias a la tecnología blockchain, así como convertir el acceso a Internet en un derecho universal para los panameños.
En el sector privado, el proyecto de ley habla de evitar el lavado de dinero y prevenir fraudes, poniendo de relieve la necesidad de proteger a los consumidores. En este sentido, el texto prioriza la regulación y supervisión de las actividades llevadas a cabo por compañías dedicadas a ofrecer criptoservicios.