Las autoridades españolas han desarticulado una organización criminal implicada en una estafa de más de 100 millones de euros que ha afectado a unas 3000 personas en todo el mundo.
El Ministerio del Interior español ha anunciado la detención en Mallorca de uno de los miembros de la banda como parte de la operación MANDOA. La Guardia Civil colabora con las autoridades de otros países en la investigación de otros cinco supuestos estafadores.
La detención es el resultado de un proceso iniciado tras la denuncia de un afectado por la estafa residente en Álava. El rastro de las transacciones llevó a los investigadores a Palma de Mallorca, donde estaba la sede de la empresa que ofrecía servicios fraudulentos de inversión con criptomonedas.
Desde la capital mallorquina, se realizaban diversas transferencias a países fuera de la eurozona, tales como Israel, Azerbaiyán, Ucrania, Georgia y Rusia. La investigación tiene como objetivo identificar al resto de miembros de la banda.
Miles de personas ubicadas en diferentes países han sido víctimas de este grupo de estafadores. La organización convencía a los clientes para que realizaran inversiones iniciales de poco volumen (entre 250 y 1000 euros) con la promesa de obtener retornos enormes sin apenas riesgo.
Los estafadores habían desarrollado una estrategia sofisticada, la cual incluía una web falsa con gráficos manipulados para engañar a las víctimas. La banda efectuaba llamadas telefónicas para animar a los clientes a incrementar el volumen de su inversión.
Las víctimas volvían a ser engañadas cuando intentaban retirar parte o la totalidad de los fondos. Los estafadores solicitaban depósitos extra en concepto de impuestos, coste de cierre de balances y otras excusas sin fundamento.
Desgraciadamente, las estafas son habituales en el criptoespacio. En España, quizá debido a la popularidad creciente de las criptomonedas, comienzan a ser motivo de preocupación entre las autoridades españolas.
A finales de 2022, se desarticuló otra banda de estafadores que operaba desde Albania. En esta ocasión, la Guardia Civil colaboró con los Mossos d’Esquadra en la investigación. Se estima que unas 17,000 personas se vieron afectadas.