La Comisión Europea sigue empeñada en controlar los movimientos de los usuarios de criptomonedas. Acabar con el anonimato en las transacciones es su última propuesta para forzar a los ciudadanos a que usen esa suerte de anillo tolkiano que es el dinero fíat.
La normativa está sobre la mesa. Vendría a decir que toda compañía implicada en el intercambio de criptos estaría obligada a recopilar información del emisor y el receptor. Obviamente, eso ya lo estarán haciendo. Lo que quiere la comisión es que den parte a la autoridad financiera pertinente.
Seguramente, tal autoridad será la futura unidad de la UE para luchar contra el lavado de dinero. Las declaraciones de la comisión indican que los objetivos perseguidos con esta violación del anonimato encajan perfectamente con los propósitos fundacionales de la Anti-Money Laundering Authority (AMLA).
La AMLA podría encargarse de procesar todos los datos procedentes de las criptoempresas para, según la comisión, “hacer un seguimiento completo de las transacciones con criptoactivos, tales como Bitcoin”.
La excusa, tal y como se plantea en el comunicado, es “prevenir y detectar el posible uso de criptos para financiar actividades terroristas o blanquear capitales”. De nuevo, necesitamos que nos protejan del criptoapocalipsis; como si el dinero fíat hubiera evitado la consumación de atentados.
No mencionemos la relación del euro (ya que hablamos de la UE) con el lavado de dinero, el robo sistemático por parte de instituciones públicas o el desvío de capitales. No, el dinero fíat, más allá de no tener ningún valor per se, nunca ha servido para acabar con el “crimen”.
Al final, todo se trata de controlar. La toma de decisiones por parte de los bancos centrales se basa en el control absoluto de las variables económicas. Solo así se puede competir con otras potencias, dando mayor o menor valor a esos trozos de papel ultraprocesados que llamamos dinero.
Si no se trata de controlar, ¿por qué anuncian que pedirán prácticamente hasta la talla de camiseta de los usuarios de cripto? Nombre completo, dirección, fecha de nacimiento, número de cuenta…
Estos son algunos de los datos que tendrían que facilitar las compañías que ofrezcan servicios de wallet o permitan transacciones entre particulares. El lío va a ser memorable, sobre todo en los casos de empresas sitas fuera de la eurozona.
En Bruselas saben que es fácil proponer medidas de este calibre contra el criptoespacio. Ponerlas en marcha es algo más laborioso. Implementarlas totalmente, es bastante improbable a corto plazo.
Quizá por eso la comisión ha suavizado su comunicado diciendo que pretenden “encontrar el equilibrio justo entre la protección frente a las amenazas y el cumplimiento con los estándares internacionales para no sobrecargar el sector con un peso regulatorio excesivo”.