Hace ya un año que el bot de Arbistar “dejó de funcionar”. Desde septiembre de 2020, las denuncias por estafa han ido aumentando en España hasta alcanzar las 5900 acusaciones. La Audiencia Nacional las ha agrupado en diez expedientes, pero podría haber más.
Las autoridades españolas estiman que el caso de Arbistar afecta como mínimo a 32k personas que podrían haber perdido hasta 100 millones de euros. Estamos ante el mayor criptofraude en España hasta la fecha.
A comienzos de este año, Arbistar intentó eludir el impacto mediático y legal asegurando que estaba intentando pagar a los usuarios por todos los medios. No hicieron referencia al parón del software, sino al efecto en la liquidez que tuvo la investigación.
También se habló en su momento de fallos de configuración del programa informático. Los supuestos errores del bot se habrían traducido en repartos de beneficios demasiado altos, dando lugar a una situación de déficit inasumible por la compañía.
Esta es la versión oficial de Arbistar. Así explica el cierre del servicio y el apagón del bot de inversión. Pero no dijeron nada sobre las decenas de miles de usuarios que se quedaron en el limbo a la espera de una respuesta por parte de la compañía.
Los afectados y sus representantes legales, obviamente, rechazaron las declaraciones de Arbistar. Para ellos, se trata de una estrategia para ocultar la verdadera naturaleza de la compañía: sostienen que se trata de una estafa piramidal de manual.
De hecho, la Audiencia Nacional habla de una estructura ponzi. El mecanismo era simple: se abría una cuenta, se realizaba un depósito y el capital se congelaba dos meses. En este lapso de tiempo, los clientes perdían totalmente el control de su dinero.
A cambio, Arbistar ofrecía unos beneficios potenciales del 15% cada mes, con la posibilidad de aumentar la rentabilidad si no se cancelaban las cuentas. Estas ganancias iniciales se cubrían con los depósitos de usuarios previos, y así sucesivamente.
Según Tulip Research, esta estrategia permitió a Arbistar capitalizar cerca de un 1000 millones de euros. La obtención de estos fondos sigue siendo objeto de investigación por parte de las autoridades españolas, y parece que el proceso va para largo.