La Unión Europea ha pisado el acelerador en materia regulatoria referente a la banca y las criptomonedas. Las entidades que gestionen activos digitales y ofrezcan servicios/productos con criptomonedas tendrán que acatar las nuevas reglas en un periodo de dos años.
Enero de 2025 es el plazo que ha fijado el Basel Committee on Banking Supervision para lanzar un marco regulatorio general, que la Comisión Europea pretende reducir todo lo que pueda.
Nuevas Reglas para la Banca
Según un artículo de Reuters, las autoridades europeas están trabajando en un documento legal que defina los requisitos a cumplir por las entidades financieras expuestas a los activos digitales. Aunque reconocen que, de momento, la exposición es baja y la oferta de servicios/productos es limitada, la UE ha lanzado un mensaje claro:
“Los bancos están interesados en hacer trading con activos digitales en representación de sus clientes, así como en ofrecer servicios relacionados con criptoactivos”.
Las autoridades europeas son conscientes del creciente interés de la Banca en el criptomercado, de ahí su esfuerzo por acelerar el proceso regulatorio. La UE podría incluso proponer una nueva ley, algo que preocupa por la posibilidad de que se termine dificultando el acceso de los bancos al sector.
Por otra parte, la ampliación del marco legal aportaría más claridad en materia de activos digitales en la eurozona, reduciendo supuestamente el riesgo asociado (especialmente para los minoristas). En cualquier caso, la promulgación de una ley específica no tendría lugar al menos hasta finales de 2023.
¿MiCA Lista para 2024?
La propuesta de una nueva ley se suma al plan regulatorio de la UE, que ha visto retrasado el lanzamiento de MiCA (Markets in Crypto Assets). De momento, parece que habrá que esperar a 2024 para que entre en vigor el marco regulatorio europeo en materia de activos digitales.
El retraso en el lanzamiento de MiCA no ha disgustado a la comunidad, que ha criticado duramente su contenido por atacar pilares fundamentales del criptoespacio como la privacidad. Entre otras medidas, la UE pretende que los exchanges y empresas de wallets ofrezcan información sobre los usuarios para evitar el blanqueo de capitales y la evasión de impuestos.