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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) mantiene la presión sobre las fintech mexicanas. En este ocasión, le ha tocado el turno a Albo, que ha sido objeto de una sanción de 9 millones de pesos.
Aproximadamente unos 440k dólares. Eso tendrá que pagar la fintech mexicana por ofrecer operaciones con activos digitales. La multa llega debido a la falta de permiso por parte de la CNBV, que debe autorizar este tipo de transacciones bajo lo estipulado en la Ley Fintech.
El Potencial De Albo
Albo está considerada una de las empresas emergentes en el sector de las finanzas con mayor potencial en México. En Twitter lo tienen claro, y no han tardado en criticar la medida del CNBV, como ya ha ocurrido en anteriores ocasiones.
Los usuarios de Albo no entienden que la comisión mexicana ponga límites a una empresa que, según los medios locales, podría alcanzar fácilmente una capitalización de 1000 millones de dólares en poco tiempo: un unicornio en toda regla.
Una Cuestión De Regulación
La Ley Fintech rige la actividad de las nuevas empresas financieras desde 2018. En base al texto, es la CNBV la que debe dar el visto bueno o impedir que las fintech puedan ofrecer ciertos servicios y productos.
Según la información disponible en los medios, Albo estuvo permitiendo el intercambio de criptos en su plataforma hasta principios de este mes. Y lo hizo supuestamente sin el permiso de la CNBC.
Esta es la razón por la cual la comisión ha multado a Albo, al igual que ya hizo con otras empresas del sector como XIFRA. En este caso, la sanción vino acompañada del cese de la actividad de la plataforma.
Aunque se ha hablado de cierta fijación de la comisión hacia las fintech, lo cierto es que la legislación vigente es bastante estricta. La Ley Fintech veta cualquier transacción con activos digitales sin importar el tipo de plataforma.
Sumada a la legislación contra el blanqueo de capitales, la Ley Fintech considera ilegal la oferta de servicios y productos relacionados con criptos sin la regulación oportuna. En este sentido, la comisión recuerda que las sociedades SAPI no tienen legitimidad explícita para permitir el intercambio de activos digitales.
